Gazeta Lodz - La extracción minera submarina, en un momento crítico

"Es un momento verdaderamente crítico. Hay un impulso creciente a favor de una moratoria y, al mismo tiempo, la industria dice que presentará su solicitud para explotar los fondos marinos en 2025", dice a la AFP Louisa Casson, de la ONG Greenpeace, que lleva años advirtiendo de los riesgos para los ecosistemas únicos y poco conocidos de las profundidades marinas.

Hasta hace poco, sumergirse en aguas abisales para extraer a gran escala minerales codiciados como el cobalto, el níquel o el cobre parecía muy improbable.

Lejos de la mirada pública, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), creada en 1994 bajo los auspicios de la ONU, negociaba en silencio en Jamaica el "código minero", las futuras normas de explotación de los recursos de los fondos oceánicos bajo su jurisdicción, que sólo incluye las aguas internacionales.

Pero desde julio de 2023, el calendario se ha acelerado. Gracias a una cláusula legal activada por Nauru, un pequeño estado insular del Pacífico, cualquier país puede solicitar un contrato de explotación en nombre de una empresa.

Nori (Nauru Ocean Resources Inc.), filial de la empresa canadiense The Metals Company (TMC), pretende ser la primera en beneficiarse, con la esperanza de empezar a extraer nódulos polimetálicos en el Pacífico en 2026.

"Reconocemos (...) la responsabilidad que comporta la primera solicitud de este tipo en el mundo", declaró Gerard Barron, consejero delegado de TMC, quien admitió ante los accionistas que no hay "ninguna garantía" de que el plan minero se aprobara "en un año" o "siquiera se aprobara".

La empresa, que insiste en la necesidad de estos metales para la transición energética, acaba de anunciar, "en consulta con Nauru", que el 27 de junio presentará su solicitud.

Esta fecha se ha retrasado unos meses para pedir al Consejo de la IAMF que "aclare" las cosas en su reunión de marzo, explicó TMC.

El Consejo, órgano ejecutivo de la Autoridad compuesto por 36 estados miembros, no ha logrado ponerse de acuerdo sobre las normas que deben regir a la hora de examinar una solicitud de este tipo en ausencia de un "código minero".

- "Voluntad política" -

Para evitar este vacío legal, se espera adoptar el código minero en 2025, aunque quedan por resolver asuntos espinosos como las normas medioambientales y el reparto de los beneficios derivados de estos recursos, considerados como "patrimonio común de la humanidad".

"El código está muy avanzado, así que si hay voluntad política y mucho trabajo entre sesiones, es posible que esté terminado en 2025", declaró a la AFP un embajador de la IAMF, que pidió el anonimato.

"Pero no veo esa voluntad política. Los países que abogan por una moratoria no tienen ningún incentivo para ser flexibles", advirtió.

A algunos observadores también les preocupa que la precipitación dé lugar a normas poco sólidas.

"Estamos muy lejos de tener un texto sólido en cuanto a los riesgos potenciales" para los océanos, afirma Clément Chazot, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Una demora permitiría también reforzar la coalición a favor de una moratoria, que cuenta ya con una treintena de países.

En 2024, no lograron convencer al resto de los 169 miembros de la IAMF para que dieran un primer paso hacia esta pausa, pero las ONG esperan una nueva ofensiva más exitosa en 2025.

De momento, la mayoría de los países proponen una solución intermedia: negociar unas normas lo suficientemente sólidas como para permitir el inicio de la explotación protegiendo al máximo el medio ambiente.

Desde hace años, ONG y científicos alertan sobre la amenaza de destrucción directa de hábitats y especies aún desconocidos pero cruciales, subrayando la falta de conocimientos científicos.

Este año se vieron reforzados por un estudio impactante: el descubrimiento de oxígeno procedente de nódulos polimetálicos.

Estas conclusiones fueron rechazadas por TMC, que había financiado en parte la investigación.

Independientemente de quien gane la batalla en la IAMF, nada impide a los gobiernos hacer lo que quieran en sus aguas territoriales. Como Oslo, que planea abrir a la prospección parte de sus fondos marinos en los mares de Noruega y Groenlandia.

L.Sobczak--GL